Hunosa disolverá el Sadim
La sentencia por la causa de Diasa inhabilita a la filial por no velar por los fondos públicos en la quiebra de los laboratorios
Hunosa decidió el cese de las aportaciones económicas a proyectos empresariales del Sadim, su filial, a principios de marzo. Esta medida viene motivada por la sentencia que la inhabilita al Sadim por no velar por los fondos públicos en la quiebra de Laboratorios Diasa Pharma, firma farmacéutica de Turón en la que participaba con un 40 %.
En el Sadim hace tres años que no entran nuevos proyectos empresariales, pero Hunosa aún así ha decidido que no se aceptarán más como resultado de esta sentencia. Desde la hullera nacional se afirma que de “hacerse firme la sentencia esto supondría la disolución de su filial, debido al a importante cantidad económica a la que tendrían que hacer frente”. Si bien, los servicios jurídicos han anunciado que presentarán recurso a la sentencia ya que no comparten la sentencia. Entre sus argumentos, la empresa pública minera da cuenta de los informes de auditoría que se realizaron en Diasa entre los años 2003 y 2007, en el que “prácticamente no detectaron ninguna de las supuestas negligencias”. Un caso aparte es el del ejercicio del 2008, donde consta “que los representantes de Sadim formularon una reclamación, por lo que entendemos que los criterios usados por el juez no se ajustan al derecho”. Sin embargo, la sentencia considera que no estar conforme a las decisiones adoptadas en el consejo de Diasa no basta a la hora de eludir responsabilidades, sino que “le era exigible su obligación de defender el capital público haciendo denuncia de las irregularidades que se venían produciendo y evitando la concesión de las subvenciones que fueron concedidas en base a informes parcialmente falsos”.
La sentencia destaca “irregularidades relevantes en la contabilidad, salida fraudulenta de capital del patrimonio, inexactitud grave en la documentación, simulación de situación patrimonial ficticia, retraso en la solicitud de presentación del concurso y falta de depósito de cuentas”. Además de una “administración negligente” se aprecia “una preeminente voluntad de obtener subvenciones y ayudas públicas”.