La minería, ante su enésimo «mes clave»
Los trabajadores, en plantilla y subcontratados, y la sociedad de las cuencas mineras esperan que Industria, Sindicatos y Patronal lleguen a un acuerdo estable sobre el futuro del carbón.
La minería del carbón ha tenido tantos «momentos clave» en los últimos tiempos que ya nadie se atreve a apostar que marzo 2013 será el “mes clave» que marcará el futuro del carbón. Lo único cierto que se sabe, al cierre de esta edición, es que las tres patas de la mesa sobre la que se tiene que diseñar el plan de futuro del carbón se reunirán durante la primera quincena de marzo. El Ministerio de Industria, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal Carbunión pretenden iniciar unas negociaciones que se prevén complicadas y «calientes», habida cuenta de que desde el pasado verano los trabajadores del sector (muy combativos) no están dispuestos a dar muchas más treguas a las administraciones, los empresarios o los representantes sindicales sobre el futuro de las minas y sus empleos. El delicado momento de todos los implicados en el sector lo es aún más para los trabajadores de minas privadas o los subcontratados de Hunosa, que llevan ya varios meses en la calle esperando a «ser reincorporados a la empresa pública como excedentes». Los subcontratados, junto con el colectivo Mujeres del Carbón en Lucha fueron dos de los colectivos presentes en la marcha reivindicativa, organizada por las calles de Madrid el pasado 23 de febrero.
Los representantes de los trabajadores ya han anunciado que acudirán al encuentro con Industria «sin condicionantes» y con «confianza». El Ministerio, por su parte, preparará un borrador del plan para llevar al encuentro y, mientras tanto, suelta “caramelos” autorizando la concesión de 46 millones de euros en ayudas para la producción de carbón nacional correspondientes al pasado año, que estaban pendientes de pago. De este total, la empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa) recibirá 27,4 millones de euros. A esto se suman otros 18,6 millones de euros para empresas mineras que, al no superar los 12 millones en ayudas cada una, no necesitan la autorización del Consejo de Ministros.
Pero no todos los empresarios han recibido las ansiadas ayudas. El grupo Alonso, propiedad del empresario minero Victorino Alonso, se ha quedado sin estas subvenciones a la producción de carbón del año 2012, a la espera de que aclare qué ha sucedido con las 528.000 toneladas de mineral propiedad de la empresa pública Hunosa, desaparecidas del Almacén Estratégico Temporal de Carbón.
Las más de medio millón de toneladas de carbón que se han «evaporado» de los terrenos de Vitorino Alonso han hecho virar los ojos hacia el sector a los medios de comunicación de toda España. Sin explicación ninguna por parte de Victorino Alonso, la primera aparición pública de la presidenta de la sociedad pública Hunosa, Teresa Mallada, tras conocerse la noticia fue para anunciar la presentación de una querella criminal contra las empresas CMC y UMINSA de Grupo Alonso.
Mallada certificó la desaparición segura de unas 327.000 toneladas de carbón por importe de más de 26 millones de euros en dos almacenamientos del grupo de Victorino Alonso. Paralelamente, la empresa minera asturiana está en proceso de certificación del desfase de otras 200.000 toneladas más en otros 4 almacenamientos del mismo grupo por importe de otros 20 millones de euros.
La presidenta de la hullera pública rechazó las explicaciones de Alonso. El empresario leonés aseguró que la merma del carbón, superior al 25%, se debía a cuestiones medioambientales (viento y lluvia) en estos Almacenamientos Estratégicos, que el Estado tuvo que ubicar en los Parques de Carbones de las empresas privadas en los años 2009 y 2010 con el parón de las térmicas sin incentivo, y bajo la voluntad de mantener la facturación que no entraba en las centrales. Tampoco comprende las cuentas de Alonso sobre la existencia de 648.000 toneladas que Hunosa no habría computado. Mallada fue tajante: En ninguno de los almacenamientos estratégicos de carbón que la compañía ha contratado con una veintena de empresas privadas se produjeron desfases, a excepción de aquellas del grupo de Victorino Alonso
Mientras se espera por saber en qué depara la mesa de negociación de marzo y el misterio del carbón de Victorino Alonso, los partidos políticos asturianos se han lanzado a defender, cada uno a su manera, el sector minero. Claro que tampoco han perdido la oportunidad de tirarse los trastos a la cabeza.
El acto en homenaje a Manuel Llaneza, fundador del SOMA, fue el escenario elegido por el PSOE para dejar claro su defensa » a ultranza» de la labor sindical y del carbón. El acto, que no contó con la presencia de José Ángel Fernández Villa, sí tuvo entre los presentes al presidente del Principado de Asturias Javier Fernández que anunció la petición formal de una reunión e con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en caso de que no se produzcan avances en las negociaciones entre el Ministerio de Industria y los sindicatos mineros para abordar el futuro del sector del carbón. Tras el encuentro que ya mantuvo sobre este asunto con el ministro de Industria, José Manuel Soria, Fernández solicitará una nueva reunión con Rajoy en caso de que el resultado de los contactos con los sindicatos «no sea satisfactorio». «No es un momento en el que se pueda plantear la liquidación del sector» aseguró el jefe del ejecutivo asturiano, que ve en la reanudación de las negociaciones «una esperanza» ante la «incertidumbre».
Fernández defendió la minería y Antonio Trevín, diputado en el Congreso por Asturias por el PSOE, fue el encargado de tirar las lanzas contra el PP. Trevín culpa de toda la situación al PP nacional en general y al asturiano en particular. «La doble actitud canalla del Gobierno y de empresas mineras está provocando una auténtica tragedia en el suroccidente asturiano», aseguró Trevín en referencia al bloqueo de ayudas a empresas que ha implicad «el despido de más de 1.000 mineros en las últimas semanas, más del 20% del empleo del sector, y que en Cerredo, por ejemplo, ha llevado a una reducción de plantilla de 400 a 90 trabajadores»
Por su parte, la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, no ha permanecido impasible y apunta directamente al vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, como «el principal obstáculo» para la supervivencia de la minería del carbón más allá del año 2018.
Fernández se ha referido así al resultado de la entrevista mantenida el pasado martes con Almunia por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la que le planteó la posibilidad de permitir que las minas de carbón rentables sigan abiertas más allá de 2019 pese a haber recibido ayudas públicas.
En cuanto a IU, la idea que lleva defendiendo la coalición desde hace meses es la de la pervivencia del carbón a partir de 2018 e incluso ir más allá y que la explotación de todas las cuencas pasen al control público. El máximo responsable de IU en Asturias, Manuel González Orviz, aseguró que la situación “extrema” de la industria extractiva del carbón se produce como consecuencia de lo que calificó como un “ataque premeditado y alevoso” del PP, a quien acusó de no haber negociado dado que su planteamiento era el de “avanzar un plan de cierre”. Gaspar Llamazares por su parte, diputado de IU Asturias en el Congreso, ha pedido «transparencia» y demanda la relación nominal de las beneficiadas en el marco del plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 con la cuantía que han recibido.
Foro Asturias también se encuentra al lado de los mineros. Los responsables de la formación encabezada por Francisco Álvarez Cascos, han mostrado a los sindicatos mineros su respaldo al mantenimiento de la minería del carbón y su comprensión ante el futuro de un sector que se presenta difícil por la pérdida de ayudas a la producción.