Una orden judicial se impuso a la razón en Barros

El Ayuntamiento de Langreo ha ejecutado el desalojo forzoso de una vivienda en el distrito de Barros para dar cumplimiento a un mandato de Tribunal Superior de Justicia de Asturias que considera válida una sentencia de 1998. Esta decisión fue comunicada a las propietarias de la vivienda el pasado 18 de mayo: «Por parte de la Policía Local se procederá a cumplimentar el desalojo mediante el auxilio proporcional de los medios que se estimen adecuados», dice el escrito.

Momento del desalojo de las inquilinas de la casa de Barros por la Policía Local de Langreo

Así, las hermanas Manuela, Ana y Herminia Sebastiao han abandonado su domicilio familiar de forma provisional, mientras duren las obras indicadas por el juzgado, para cumplir con la sentencia. El fallo obliga a rebajar la altura del primer piso de la vivienda, que se levantó en su día por un fallo municipal que dio erróneamente una licencia de obra, contra la que recurrió un vecino que aunque no vive desde hace años en este distrito tiene una casa cercana a la vivienda de esta familia.

Estas hermanas desalojadas se mostraron contrariadas con el Ayuntamiento ya que, recordaban, «hemos llegado a esta situación porque nos dieron una licencia de obras que no era válida, ahora nos mandan abandonar nuestra casa y no sabemos dónde tenemos que ir, si nos pagan un hotel o qué vamos a hacer».

La intención de esta familia era negociar el cumplimiento de la sentencia, pero aseguran que «nuestra abogada se puso en contacto con el Consistorio y le dijeron que no se iba a negociar». Y, añaden, «que lleguen con una orden de desalojo. Si no, no nos iremos».

Los hechos se remontan a 1996 cuando un vecino consideró que el aumento de la altura de la casa le perjudicaba. Llegó a los tribunales y, dos años después, una sentencia obligó al Ayuntamiento a derribar parte de la altura del domicilio de esta familia del distrito de Barros, entendiendo que se levantó por un error cometido por el propio Ayuntamiento al otorgar su licencia.

Ahora, el Consistorio derribará lo estipulado en la sentencia. «Nos han dicho que cuando terminen las obras nos podéis denunciar por daños y perjuicios», relatan las tres hermanas sobre este problema con una casa en la que su familia vive desde hace 50 años.