Hunosa pagará los complementos a los prejubilados
La empresa estatal acata la sentencia de forma voluntaria e inmediata pero recurre ante el Tribunal Supremo
El tribunal Superior de Justicia de Asturias, TSJA, dio la razón a mediados de junio a los prejubilados de Hunosa en su demanda por la rebaja de sus pensiones. El TSJA dictó una sentencia por lo que la hullera pública tendrá que restablecer las pensiones de los prejubilados con carácter retroactivo. Si bien, la empresa hullera estatal, a través de la abogacía del estado, ha recurrido la sentencia. No obstante, Hunosa aseguró que “procederán a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de forma inmediata y voluntaria”. De esta manera, ya han ordenado la provisión del dinero correspondiente para la devolución de los complementos que afectan a 6.600 ex mineros. La ejecución de la sentencia tendrá, en todo caso, un carácter provisional hasta que el Tribunal Supremo decida al respecto de forma definitiva.
La sentencia del TSJA considera que Hunosa y la SEPI carecían de cobertura legal para recortar las pagas de los prejubilados de la hullera. La resolución judicial explica que “estas remuneraciones eran una pata más de los compromisos adquiridos por la hullera dentro del Plan del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras de 1997”. Así, señala, “estas pagas nada tiene que ver con la ley de Planes y Fondos de Pensiones. El TSJA coincide por tanto con los sindicatos en que las pagas recortadas no son una jubilación al uso, sino que se trata de “una indemnización para compensar a los trabajadores de HUNOSA despedidos en el marco de la reestructuración del sector”.
La Abogacía del Estado, en representación de Hunosa y la SEPI, presentó recurso ante el Tribunal Supremo con un objetivo doble. Por un lado, conocer la interpretación que realiza de una medida que afecta a los prejubilados en todas las empresas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y por otro; la posibilidad que ve en la sentencia del TSJA en la que reconoce “la complejidad jurídica del problema”.
