Tomás Cueria abandona la alcaldía

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El secretario de la agrupación socialista de Caso, Miguel Fernández Iglesias, toma el relevo como regidor casín

Miguel Fernández Iglesias sustituye a Tomás Cueria como alcalde de Caso

Miguel Fernández Iglesias sustituye a Tomás Cueria como alcalde de Caso

Al socialista Tomás Cueria, regidor de Caso, se le ha rechazado el recurso judicial que presentó ante el proceso iniciado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laviana por un presunto caso de prevaricación que se centra en irregularidades detectadas en la contratación de un servicio para infraestructuras de defensa contra incendios en el concejo por un valor de 33.800 euros. También hay problemas en otras facturas. El alcalde cumple con el código ético de su partido y anuncia su marcha. La justicia determinará el alcance de sus actuaciones.

El PSOE ha decidió que su sucesor se aun hombre que lleva años vinculado al partido y que en la actualidad ejercía las labores de segundo teniente de alcalde en el municipio. Uno de los hombres de confianza de Cueria, Miguel Fernández Iglesias. Además Fernández ejerce desde 2012 como secretario de la agrupación socialista casina. Con anterioridad hercio como edil de Obras en Laviana en el periodo de 2007 a 2011.

El anuncio de la dimisión de Cueria lo realizó él mismo en la fiesta de homenaje a las personas mayores del concejo poco después de conocer que tendrá que sentarse en el banquillo. “Firmé el código ético de mi partido y ya dije que obraría en consecuencia”, señaló Cueria. El regidor es alcalde de Caso desde 2011, tendrá que dejar también su cargo de presidente de la Mancomunidad Valle del Nalón, que ocupa desde principios de este mandato.

IU presentó en agosto de 2015 una denuncia ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en la asignación de un contrato de 33.817 euros a una empresa para acometer desbroces para la defensa contra los incendios. El alcalde, recoge el auto del Juzgado número 2 de Laviana, levantó el reparo que había formulado la secretaria municipal al no seguirse “los trámites necesarios fijados en la Ley de Contratos del sector público”. También apreció irregularidades al realizar otras contrataciones cuya cuantía se sitúa, incluyendo el anterior, en torno a los 67.000 euros. Son las contrataciones de una compañía para impartir clases de gimnasia durante seis meses y de una empresa para limpiar las dependencias municipales cinco meses y a otra para la explotación, mantenimiento y conservación de varias depuradoras.

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